La mayoría de los académicos e investigadores sobre los asuntos públicos en el ámbito internacional – especialmente de los países desarrollados consideran que el siglo XXI nos traído un nuevo consenso sobre las estrategias y modelos para reformar y modernizar la gestión pública. Con ello se aspira a mejorar la capacidad de gobernar y brindar servicios públicos con mayor eficiencia y racionalidad como una alternativa viable a lo que despectivamente se ha designado como la “administración pública tradicional” o la “ v i e j a a d m i n i s t r a c i ó n pública” (Frederickson, 1997; Arellano, 2002; Denhardt y Denhardt, 2003). Luego de haber aminorado la euforia con las políticas neoliberales, reflejada en los informes de diversas organizaciones multilaterales, pero especialmente en el Informe del Banco Mundial de 1997, se comienza a destacar la importancia de reformar el marco institucional del Estado puesto que sin “un Estado eficaz el desarrollo es imposible”. Como resultado, se ha conformado un “paradigma” para reformar la gestión pública, que a pesar de partir de dos vertientes y experiencias distintas, sus propuestas se integran en una sola propuesta que establecen las orientaciones conceptuales dominantes así como las aplicaciones prácticas en los distintos países (Kettl, 2000).
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